El auge de los centros de datos en España: retos y oportunidades clave para 2035

Si llevas un tiempo siguiendo la evolución de la digitalización en Europa, seguro ya has escuchado algo sobre el auge de los centros de datos en España. Y si no, déjame contarte por qué ahora mismo este país se ha colocado en el mapa como uno de los principales polos de atracción para la instalación de data centers en el continente. Este movimiento no es casualidad ni capricho: vienen acompañados de cifras récord, inversiones millonarias y una aceleración que desafía los pronósticos conservadores de hace solo cinco años.

Para empezar, los centros de datos son como el cerebro digital de nuestra sociedad. Ya no hablamos de simples naves llenas de cables o servidores: son infraestructuras críticas desde las que se orquesta la vida digital moderna. Todo lo que usas cada día —email, tiendas online, redes sociales, banca por internet, preferencias de streaming, administración digital, e incluso parte de la domótica que empieza a poblar nuestras casas— pasa, de una u otra forma, por esos nodos digitales. Y la demanda no para de crecer. Ahora, España se ha subido a toda velocidad a ese tren: en el último año, la inversión en centros de datos ha superado los 1.000 millones de euros. Tira de calculadora y verás la envergadura del fenómeno: se habla de que el mercado local alcanzará en torno a 19.300 millones de dólares en 2035. ¿Parece ciencia ficción? Pues no, es pura transformación digital en marcha.

¿Por qué España? No es solo una cuestión de suerte o de moda. Aquí entran en escena varios factores que suelen pasar desapercibidos cuando se habla en titulares rápidos pero que, créeme, marcan la diferencia en el sector tecnológico:

• Costo del suelo industrial: España ofrece todavía suelo a precios muy competitivos si lo comparas con otros grandes mercados europeos como Alemania, Países Bajos o Reino Unido. Las grandes tecnológicas (y las no tan grandes) buscan maximizar retorno y reducir costes fijos, así que es lógico que pongan el foco aquí.
• Energía renovable al alcance: No es solo una tendencia “verde”. La energía solar, eólica y otras renovables han conseguido en España un mix bastante potente, que ofrece precios atractivos y estabilidad de suministro, crucial para instalaciones que requieren operación 24/7 y apenas admiten cortes ni subidas bruscas en la factura eléctrica.
• Infraestructura de fibra óptica conectadísima: Durante años nos quejamos de los desfases en infraestructuras, pero ahora España puede sacar pecho y decir que tiene una de las redes de fibra óptica más grandes y rápidas de Europa. Eso permite a los centros de datos operar con baja latencia y alta velocidad, facilitando la conexión con el resto del viejo continente y con África.

Todo esto ha generado un círculo virtuoso: a mayor inversión llegan operadores más grandes, y estos operadores consolidan la posición del país en el ranking europeo. Si lo piensas un segundo, la aceleración es como esos efectos dominó que ves en vídeos virales —un nodo impulsa a otro, y así sucesivamente—. Entre los grandes inversores encontramos a gigantes tecnológicos globales como Amazon, Microsoft, Google y también operadoras y promotores locales que saben reconocer las oportunidades cuando aparecen frente a sus narices.

“En 2024, los centros de datos generaron un impacto de 73.307 millones de euros y representaron el 2,49% del PIB español.”

¿Y qué lo está empujando? Básicamente, la demanda digital en España sube a ritmos de vértigo. No es algo abstracto: crece el uso de servicios cloud, las empresas se digitalizan contrarreloj y la administración pública sigue apostando por servicios digitales. Todo esto se ha contagiado además por el despliegue acelerado del 5G y, por supuesto, por la adopción masiva de inteligencia artificial que requieren almacenamiento, procesamiento y transferencia de datos a escalas antes insospechadas. Imagina el salto: según ciertas fuentes, la demanda de capacidad de datos aumentará un 90% hasta 2028. ¿Te parece poco? Es como aspirar a duplicar el parque automovilístico nacional, pero en vez de coches, hablamos de datos circulando a tutiplén.

El impacto no solo es económico, sino transversal. Los sectores tractores (telecos, medios digitales, sector financiero o la propia administración) beben cada vez más de lo que se cocine en estos edificios hiper-tecnológicos. Todos esos procesos de automatización, las plataformas de vídeo que usas sin parar, la banca móvil o incluso trámites burocráticos se resolverán o atascarán en función de cómo evolucione la infraestructura oculta: los centros de datos.

Otro factor que muchos pasan por alto es el efecto tractor sobre el ecosistema local. Toda esta movida no solo es relevante por el dinero puro, sino por cómo arrastra a proveedores, subcontratistas, instaladores, técnicos y, en menor medida, especialistas en energías y telecomunicaciones. Madrid se ha colgado la medalla de oro en capacidad instalada, pero la cosa se está moviendo —y mucho— en Barcelona, Aragón o Extremadura, donde el crecimiento es de entre el 20% y el 38% cada semestre. Como ves, no solo hablamos de las “carreteras digitales” sino de auténticos corredores económicos que conectan con el resto de Europa y generan oportunidades a varios niveles.

Eso sí, si eres de los que mira más allá de los titulares, sabrás que tanta fiebre inversora pone a prueba el modelo productivo y abre debates profundos, pero de eso te cuento en el siguiente apartado. Por ahora, quédate con esto: el auge de los centros de datos en España no es el típico hype pasajero. Supone una apuesta estratégica, conectada a tendencias globales, que busca transformar el país y situarlo en el pelotón de cabeza en la era de la inteligencia artificial, el 5G y la nube. Ahora bien, hay que preguntarse: ¿a qué precio? ¿y quién saca realmente partido de este nuevo oro digital?

Sigue leyendo, porque vamos directo a los desafíos y críticas que hay detrás de este boom digital.

El lado menos visible: desafíos y críticas en torno al boom de los centros de datos en España

Llega el momento de mirar el auge de los centros de datos en España desde otro ángulo. Porque sí, el escenario suena a éxito económico y digital, pero debajo se agitan debates muy serios sobre sostenibilidad y equilibrios territoriales. ¿Has pensado en todo lo que implica poner en marcha estas mega infraestructuras? No es tan limpio ni tan sencillo como suena en los anuncios de innovación.

La palabra clave aquí es “desafíos”. Y, créeme, la lista es larga y con matices. Me centro en los tres grandes frentes que están en boca de expertos, activistas y responsables públicos cada vez que se discute el futuro de los centros de datos en España. Ojo, la conversación es necesaria, porque lo que está en juego es mucho más que un puñado de empleos o cifras en el PIB.

¿Consumimos demasiado para ser digitales?

Vamos a los números: se calcula que la industria de los centros de datos podría llegar a consumir hasta el 6% de toda la energía nacional en 2030. ¿Locura? Piensa que estamos hablando de infraestructuras que necesitan funcionar sin parar, todo el año, y cuyo talón de Aquiles es el más básico: sin energía, se apaga el sistema. En Aragón, un auténtico polo emergente, la mitad de la demanda eléctrica dentro de seis años podría estar dedicada solo a alimentar estos gigantes. No es solo una cuestión de capacidad, sino de competencia: otras industrias, e incluso hogares, entran en la lucha por esa misma energía.

“Un solo centro de datos puede consumir tanta electricidad como una ciudad pequeña de 50.000 habitantes.”

Ahora suma otro ingrediente: el agua. Refrigerar estos equipos a pleno rendimiento exige una auténtica barbaridad de litros cada día. Agencias ambientales y colectivos ecologistas ponen el grito en el cielo porque en zonas ya afectadas por sequías recurrentes, como buena parte del sur y el este de España, operar un gran data center es como echarle sal a la herida. Mira Talavera de la Reina, donde el cálculo apunta a que un solo centro podría llevarse más de la mitad del agua urbana en caso de que opera al máximo. Y en Aragón, otro ejemplo de referencia: el gasto mensual de agua equivale al de una ciudad de unos 95.000 habitantes. No es algo que pase desapercibido, y menos cuando la escasez hídrica se va colando en los telediarios mes sí, mes también.

Impactos en el territorio: ¿quién gana y quién queda al margen?

La otra cara de la moneda son las desigualdades territoriales y las dudas sobre la cohesión socioeconómica. Está claro que Madrid sigue mandando: más del 50% de toda la capacidad de procesamiento nacional todavía se concentra ahí. Pero el modelo empieza a dar síntomas de agotamiento y saturación, por lo que el empuje real se está trasladando a provincias que hasta ahora no pintaban demasiado en la economía digital. Barcelona, Aragón y Extremadura han entrado en una fase de crecimiento acelerado —rondando tasas semestrales del 20% al 38%— que, aunque en principio suena a oportunidad, deja preguntas en el aire: ¿Estos polos logran de verdad generar empleo estable y bien remunerado en la zona? ¿Mejoran la cohesión social o solo se convierten en polos tecnológicos con poco arraigo local?

Surge aquí un efecto que muchos empiezan a llamar con ironía “colonización digital”. Grandes multinacionales tecnológicas empujan la inversión, sí, pero muchas veces los puestos creados son temporales, ligados a la construcción inicial o al mantenimiento básico, mientras que el valor añadido y la toma de decisiones clave se queda en manos de los países de origen de esas compañías. Consultoras y sindicatos ya han advertido que el impacto real sobre la economía local puede quedarse muy por debajo del potencial cuando los beneficios y la innovación viajan directamente fuera. Así, hay municipios que ven alterado por completo su paisaje —industrial, social y hasta urbanístico— sin experimentar una mejora clara en calidad de vida, empleo o servicios públicos.

“Hay riesgo de que los ingresos y el talento terminen migrando, reforzando la dependencia exterior incluso en la era digital.”

Los huecos del conocimiento: falta de transparencia y análisis global

Otro punto crítico tiene que ver con la falta de estudios integrales que pongan sobre la mesa el efecto conjunto de estos nuevos titanes. Hasta ahora, la administración y los agentes sociales solo han podido valorar impactos caso por caso y, siendo sinceros, pocas veces con toda la información necesaria. ¿El motivo? La transparencia en torno al consumo energético y de agua, las emisiones reales, la cadena de subcontratación y hasta la afectación a la biodiversidad es, como poco, limitada. Algunas grandes tecnológicas, como Amazon o Microsoft, han llegado desplegando infraestructuras masivas (y recursos legales igual de colosales), sorteando normativas antiguas y, en ocasiones, negociando condiciones muy ventajosas que no siempre ven la luz públicamente.

Este vacío tiene efectos inmediatos: la verdadera huella de los centros de datos en España se desconoce. Y sin datos fiables es difícil negociar con conocimiento, exigir contrapartidas o planificar inversiones públicas de forma inteligente. Aquí la presión de la opinión pública y los colectivos especializados ha forzado ya la reacción, pero el desfase entre el ritmo de despliegue tecnológico y la capacidad de regulación y análisis sigue siendo grande.

Un equilibrio delicado: sostenibilidad ambiental vs. innovación tecnológica

En definitiva, a medida que se disparan los grandes titulares y los discursos triunfalistas sobre la digitalización, en el fondo crece la sensación de que falta una estrategia para cuadrar el círculo: cómo ser motor digital sin agotar recursos ni crear nuevos focos de desigualdad territorial. Los datos invitan a reflexionar: hablamos de instalaciones que —si no hay control— pueden poner en jaque la transición ecológica, elevar la factura energética y retrasar procesos clave como la descarbonización nacional.

• Altísimo consumo energético: El crecimiento previsto amenaza tanto a otras industrias como a los objetivos ambientales del país.
• Estrés hídrico creciente: Las decisiones de localización deben tener en cuenta la disponibilidad real de agua y las previsiones de sequía.
• Desigualdad regional: El despliegue actual puede cronificar zonas “hiperconectadas” mientras otras avanzan a paso lento, agravando la brecha digital y social.
• Déficit de transparencia y regulación: Sin datos claros y exigencias transparentes, ya sea en consumo, eficiencia o responsabilidad local, el modelo es frágil.

¿Se puede crecer tan rápido sin dejar atrás la ecología y el equilibrio social? Esa es la pregunta que va a marcar el futuro del sector. Y no tiene respuestas fáciles. Pero ya nadie puede ignorar que el auge de los centros de datos en España va más allá de la imagen reluciente que proyectan equipos de márketing o los balances empresariales. Exige debates públicos, análisis independientes y una ciudadanía informada. Porque al final, el impacto de vivir en la “nube” digital empieza —literalmente— a sentirse en la tierra.

¿Quieres saber cómo está reaccionando el Gobierno y hacia dónde puede avanzar la regulación? Te lo cuento en el siguiente apartado, porque la partida solo acaba de empezar.

Regulación a contrarreloj: la respuesta del Gobierno español ante el desafío de los centros de datos

Llega el momento de hablar de la parte menos glamurosa -pero absoluta clave- de todo este lío: el marco regulatorio que rodea a los centros de datos en España. Si te crees que los ministerios van un paso por delante de la tecnología, deja que te saque del error en dos frases. La realidad, tal y como está ahora mismo, es que la legislación y la administración públicas siempre van corriendo detrás del ritmo imparable de la digitalización y los grandes negocios asociados. El auge de centros de datos en España ha cogido al regulador un poco a pie cambiado, con normativas pensadas hace años para escenarios menos ambiciosos y, sobre todo, con información bastante incompleta sobre lo que ocurre, tanto a nivel de consumo de recursos como de impacto en el territorio.

Pues bien, esta carrera desenfrenada ya ha obligado a políticos y burócratas a mover ficha, y no precisamente por iniciativa propia. Una mezcla de presión social (la que llega de colectivos ambientalistas y plataformas ciudadanas), la confluencia de directivas europeas mucho más exigentes y el ruido mediático alrededor de algunos proyectos mastodónticos han puesto sobre la mesa la necesidad de controlar de forma más estricta el crecimiento y la huella de los centros de datos.

¿Cómo es la regulación de los centros de datos en España?

Hasta hace poco, lo normal era que la implantación de un data center se gestionase como cualquier otra instalación industrial: se metía en el mismo saco que una fábrica de tornillos o una nave logística cualquiera. Eso explica por qué los requisitos iniciales, tanto ambientales como de transparencia, eran a menudo suaves —o mejor dicho, pensados para otro tipo de industria, con dinámicas y escalas de recursos y contaminación muy diferentes—.

¿La consecuencia? Muchas operaciones gigantescas de firmas como Amazon, Google o Microsoft han salido adelante con evaluaciones ambientales limitadas y, en la práctica, sin apenas compromisos públicos sobre eficiencia, ciclos de agua o compensación ecológica. El modelo del “cumplimos la normativa, punto pelota”. Pero, según han ido aflorando los primeros informes serios de impacto, la alerta social y política ha ido subiendo grados.

¿Qué está cambiando? El giro hacia la transparencia forzosa

Lo primero en llegar, como suele pasar, vino de Bruselas. La directiva europea sobre eficiencia energética de centros de datos (2023) ha sido el auténtico acelerador para cambiar las reglas del juego en España. Esta norma pone el listón bastante más alto en términos de exigencias: obliga a que todos los operadores informen de manera regular y pública sobre:

• Eficiencia energética real (nada de medias ni estimaciones optimistas);
• Consumo de agua anual y mensual, de fuentes renovables y de red;
• Cuota de energía renovable sobre el total empleado;
• Huella territorial: impacto en recursos naturales, sistemas urbanos e infraestructuras;
• Repercusiones sociales y de empleo directo e indirecto.

España, que hasta este año dudaba entre dar largas o “parchear” la normativa, ha terminado por asumir ese marco con la redacción de un proyecto de real decreto que obliga a las grandes firmas del sector a rendir cuentas ante la administración —y, por primera vez, ante la ciudadanía—. El texto, todavía en trámite, va mucho más allá de la simple gestión documental, porque implica:

• Remitir informes específicos sobre consumo eléctrico e hídrico de cada centro;
• Detallar el origen de la energía utilizada y la proporción de renovables;
• Describir las soluciones técnicas para la refrigeración eficiente y reducción de uso de agua;
• Declarar el impacto urbanístico y territorial de nuevas instalaciones;
• Presentar planes de gestión de residuos y de integración social/laboral.

“El nuevo marco obliga a los data centers a abrir sus cifras reales de eficiencia, consumo y huella territorial, alineándose con Europa.”

Transparencia, reporting y límites: ¿sirve para algo?

No te voy a engañar, la teoría siempre suena bien y la palabra transparencia da bastante juego en titulares. Pero la clave, ahora mismo, está en cómo se aplicará y hasta dónde llegarán las exigencias. No es lo mismo reportar datos, que hacerlo con métricas verificadas. Ni es igual imponer sanciones simbólicas que exigir cambios profundos en la operativa, la inversión en renovables o el rediseño de sistemas de refrigeración mucho menos “tragones”.

Lo que está claro es que poner foco en el modelo energético y el estrés hídrico ya no es opcional. Vienen años de informaciones muy detalladas (esperemos que realmente públicas) sobre lo que gastan, contaminan y transforman en el entorno, los colosos del dato. De hecho, esta exigencia ayudará también a poner coto a acuerdos opacos o beneficios fiscales desproporcionados negociados en la sombra entre grandes tecnológicas y gobiernos autonómicos desesperados por rascar inversión rápida.

Otro eje importante, aunque menos mediático, tiene que ver con la planificación y equilibrio territorial. Ya se ha empezado a debatir sobre topes máximos a la capacidad total instalada por región, para evitar que zonas ya tensionadas (por ejemplo, en recursos hídricos o eléctricos) se conviertan en “zonas sacrificio”, donde el beneficio concentrado no compensa el deterioro socioambiental. Y ojo, este tipo de límites regionales suenan polémicos: ni las empresas ni los ayuntamientos quieren perder negocio, pero la realidad física termina imponiéndose.

¿Está el Estado solo en esto? Más allá del BOE: colaboración e innovación regulatoria

Salta a la vista que la gestión no depende solo del Gobierno central. Aquí entran en la partida las comunidades autónomas, los municipios, las confederaciones hidrográficas —especialmente en la cuenca del Ebro, donde el estrés sobre el recurso hídrico será brutal si crecen nuevos polos— y, por supuesto, las autoridades europeas. El ajuste tendrá que ser milimétrico: combinar la atracción de inversión extranjera con la protección real del entorno y la rendición de cuentas social, evitando excusas y chanchullos a menor escala.

¿Y cómo se va a medir el éxito de este nuevo marco? A corto plazo, el reto será tener claridad: que se conozcan los datos y no haya “agujeros” por los que se evaporen cientos de megavatios y litros de agua sin justificación ni compensación. A medio plazo, la expectativa sube: incentivos para instalar tecnologías mucho más eficientes, diseño de centros de datos “verdes” y planes de integración laboral locales que de verdad aporten valor añadido, no solo subcontratas baratas y empleos precarios durante la fase de construcción.

“La respuesta a tiempo en regulación puede marcar si España lidera la era digital europea… o si paga un peaje ambiental demasiado alto.”

¿Hacia dónde apunta el control? Retos para la próxima década

En resumen: el tablero ha cambiado. España ha pasado de dejar la puerta abierta a cualquier data center con músculo financiero a construir un modelo donde se pide mucha más responsabilidad —y visibilidad— sobre lo que implica operar en el territorio. Queda muchísimo por afinar (y por dotar de recursos a la administración para fiscalizar y vigilar de verdad), pero la senda está tomada: si las grandes tecnológicas quieren beneficiarse del train digital español, tendrán que dejar claro en qué condiciones lo hacen.

Esto no va solo de sostenibilidad ambiental (que ya sería mucho), sino de gobernanza, equidad territorial y modelo de desarrollo a largo plazo. Porque una cosa es liderar el tráfico de datos europeo y otra muy distinta hacerlo a expensas del agua, la energía y la cohesión social. Como ves, el papel de la regulación y la transparencia marcará si España se consolida como polo tech global admirado… o si la factura social y natural termina neutralizando los logros digitales.

“El próximo capítulo depende menos de cables y servidores, y mucho más de normas, fiscalización y nuevas formas de participación ciudadana.”

¿Tienes dudas sobre cómo te afecta en tu día a día esta nueva regulación? ¿Te preocupa el destino de tu municipio o región frente a la llegada de los data centers? Cuéntame tu opinión o escribe directamente para sumar preguntas: la conversación digital, ahora, también la mueves tú.

¿Y ahora, qué? El futuro de los centros de datos en España: retos, oportunidades y el arte de no liarla

Vaya montaña rusa, ¿no? El auge de los centros de datos en España nos ha traído titulares de récord, inversiones nunca vistas y una inyección de energía —literal y figurada— que ha cambiado el mapa digital del país en tiempo récord. Pero después de surfear entre cifras millonarias, debates sobre sostenibilidad, igualdad y respuestas regulatorias, toca mirar hacia adelante. ¿De verdad vamos bien? ¿Puede España liderar la digitalización europea sin perder lo que más le importa: recursos naturales, cohesión social y un desarrollo equilibrado?

Lo primero que salta a la vista es que las oportunidades económicas no caen del cielo para todo el mundo por igual. No todos los territorios van a recibir la misma parte del pastel, ni la tecnología solo va a traer empleos de calidad porque sí. Aquí aparece el primer reto brutal: lograr que la revolución digital no deje pueblos, regiones ni sectores rezagados. ¿Tan difícil es planeado? Pues se requiere algo más que buenas intenciones. Hay que hilar fino desde las políticas públicas —no solo esperando que el mercado y las big tech hagan lo correcto— y pensar en inversiones que realmente sumen valor local: empleo estable, formación tecnológica, infraestructuras de apoyo y, por qué no, refuerzo del tejido empresarial propio. Si esto se hace bien, los centros de datos pueden ser la palanca para cerrar brechas históricas, pero si se hace mal, solo conseguirán agrandarlas y que unos pocos se lleven la mejor tajada mientras el resto observa desde la barrera.

Otro asunto gordo: la ecología. El discurso de sostenibilidad no es humo ni postureo ecológico —aunque a veces algunos lo utilicen así—. De verdad, la supervivencia de muchas zonas, sobre todo en el interior y el sur peninsular, depende del agua y de una gestión energética inteligente. Aquí cabe un toque de atención para todo el ecosistema: si la digitalización se convierte en un campo de minas para el entorno, la sociedad va a meter freno, antes o después. No hace falta mirar lejos para ver lo que ocurre cuando el deterioro ambiental supera ciertos límites: el rechazo social puede bloquear inversiones, el turismo se resiente y hasta los gobiernos autonómicos terminan desmarcándose para lavar su imagen. Así que, o se mejora la eficiencia energética y el uso responsable de agua desde la raíz, o la fiesta digital puede durar menos de lo que muchos esperan.

Por cierto, hay una pregunta que nadie debería dejar aparcada: ¿quién manda en el nuevo ecosistema digital? Si dependemos cada día más de los centros de datos, y estos están operados por un puñado de multinacionales extranjeras, ¿qué pasa con la soberanía tecnológica, la privacidad y el control sobre los activos críticos? España tiene la oportunidad de fortalecer no solo la regulación, sino también su capacidad para retener talento, promover operadores propios y evitar la colonización digital de la economía nacional. Impulsar la colaboración público-privada, exigir transparencia absoluta y fomentar el desarrollo de proveedores locales puede ser ese empujón definitivo que equilibre la balanza.

¿Es posible un modelo digital realmente inclusivo y sostenible?

Bueno, la realidad es que no existe la respuesta perfecta ni la fórmula mágica. Pero sí hay algunos ingredientes básicos —y muy buscados por los países más avanzados— para no tropezar con la misma piedra:

• Planificación territorial de verdad: No vale solo con buscar suelo barato o regiones con agua “fácil”. Hace falta mapear impactos, escuchar a la población local y establecer límites claros a la concentración de centros en zonas sensibles.
• Innovación en eficiencia: Incentivar tecnologías punteras para refrigeración, digital twins que simulen el impacto real de cada mega data center y sistemas que aprovechen energía residuales. Hay mucho margen para la creatividad.
• Formación e inserción laboral local: No dejar escapar la oportunidad de reciclar talento, conectar a los jóvenes con la nueva economía digital y crear empleo de calidad donde más se necesita.
• Supervisión transparente y auditorías públicas: Abrir todos los datos de consumo, uso de recursos y beneficios fiscales. Si se gestiona con luz y taquígrafos, la presión social y la fiscalización funcionarán como contrapeso natural.
• Apuesta real por las energías renovables: Controlar que los centros de datos en España no se conviertan en excusa para aumentar las emisiones, y que su huella de carbono/métrica de renovables sea pública, verificable… y creciente.
• Participación ciudadana en decisiones clave: Desde consultas locales hasta presupuestos participativos que incluyan la voz del entorno donde se implantan los data centers. El desarrollo digital no puede llegar impuesto “desde arriba”.

“El futuro digital cotidiano arranca en los centros de datos, pero su éxito se juega en los detalles: transparencia, equidad y sostenibilidad real.”

Así que sí, hay motivos para el optimismo, pero también razones de sobra para ser exigentes. España lo tiene todo a favor para consolidarse como el referente europeo en infraestructura de datos, pero solo si el modelo evoluciona rápido: hacia más rigor ambiental, más equilibrio regional y un retorno social que la gente pueda palpar, no solo contarlo en informes de prensa. La disyuntiva está clara: aprovechar este boom digital para transformar el país de verdad, o permitir que se convierta en una simple sucesión de megaproyectos con beneficios difusos y costes que, a la larga, pagamos todos.

Al final, el verdadero progreso digital depende menos de los gigabytes y más de cómo se administra el entorno común. Y, sobre todo, de cuánto se escucha a las comunidades. ¿Vamos a liderar el futuro digital europeo o nos limitamos a servir de escenario? Esa decisión empieza aquí, en este debate.

Fuente: Xataka – España ya es epicentro europeo para centros de datos: eso no es (solamente) una buena noticia